Denuncian el total incumplimiento de la Ley de Salud Mental en la Ciudad
Según los diputados, al desmantelamiento del Borda y otros hospitales se suma la externación compulsiva de unos 700 pacientes sin que se creen mecanismos de reinserción.
Por:
Gustavo Sarmiento
El gobierno de la Ciudad no cumple en absoluto la Ley 448 de Salud Mental, una norma de vanguardia en la región, sancionada hace 13 años y que hoy está lejos de crear un nuevo modelo de atención en salud mental. A esa conclusión llegó el 5º Informe de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el Cumplimiento de la Ley 448, de la Legislatura porteña, actualizado hasta diciembre 2012 y presentado esta semana.
Para modificar el paradigma "asilar", basado en la primacía del hospital
monovalente con internación prolongada y encierro intramuros, la norma
prevé la construcción de dispositivos alternativos que propicien la
reinserción y resocialización de los pacientes, evitando los efectos de
cronificación y estigmatización que suelen sufrir, como consultorios
externos, camas en hospitales generales destinadas a salud mental,
equipos de interconsulta, hospitales de día y de noche, casas de medio
camino, centros de capacitación sociolaboral, talleres protegidos,
emprendimientos sociales y granjas terapéuticas.
En la práctica esto no se lleva a cabo, mientras se desmantelan
hospitales monovalentes como el Moyano y el Borda, y el PAC (Programa de
Atención Comunitaria, de prestigio internacional, al que asistían 250
chicos con trastornos mentales severos), desguazado hace un año, con la
persecución de las profesionales que lo tenían a cargo; además de una "deshospitalización
compulsiva" –sobre todo en el Borda–, con la externación de unos 700
pacientes en cinco años.
"Sólo hay un hospital de día en el Álvarez, y una casa de medio camino
en el Borda, de la cual depende un hospital de noche. Nada más", remarcó
a Tiempo Argentino la doctora María Magdalena Macaggi, asesora de la
diputada Virginia González Gass y una de las redactoras del informe.
Para la profesional, "hay cambios que no se dan por la resistencia de
corporaciones médicas cercanas a Macri, con conceptos biologistas
medicalizantes que todavía se imponen".
Para saber cuántas camas e instituciones de medio camino necesita la
Ciudad, debería realizarse un relevamiento epidemiológico, tal como
dicta la Ley, que nunca se promovió. Tampoco se creó el Plan de Salud
Mental ni se abrió la convocatoria al Consejo General de Salud Mental.
En materia de "recursos humanos", disminuyó el número de profesionales,
se apela a residentes, concurrentes y becarios honorarios, y se
reasignaron partidas presupuestarias correspondientes a salud mental a
otras áreas.
Otro problema que se subrayó es la vulneración del derecho a una carrera
laboral a los profesionales de las distintas disciplinas que prestan
servicios en el campo de la salud mental. Sólo los psiquiatras pueden
acceder a concursos de jefes de servicios y directores de institutos,
"puestos a dedo", en lugar de los llamados públicos y abiertos que exige
la norma.
El informe 2012 de la Auditoría General porteña advirtió sobre las
debilidades en el abordaje de las adicciones. El problema se profundizó
cuando las adicciones se sustrajeron del área de Salud y pasaron a
Desarrollo Social, que destina el 80% de su presupuesto de adicciones de
40 millones de pesos a contratar comunidades terapéuticas privadas. Ya
son 23. En 2012, el Ejecutivo porteño debió dar marcha atrás con la
resolución 52, que licitaba la internación de pacientes en clínicas
privadas por 12 millones de pesos. El informe agrega: "El perfil del
modelo adoptado es privatista y de difícil control, ya que 16 de las 23
instituciones contratadas son de Provincia, violando el derecho de los
pacientes a estar cerca de sus familias." «